Carrión de Calatrava será el escenario de un proceso democrático sin precedentes para su población. El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento a realizar una consulta popular sobre la instalación de una planta de biometano en el término municipal, un asunto que ha generado una fuerte división social en la localidad.
Esta decisión responde a la petición formulada por el Ayuntamiento carrionero y refrendada con mayoría absoluta por el Pleno municipal, cumpliendo así con los requisitos que marca el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Este artículo establece que “los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”.
La iniciativa ciudadana para promover esta consulta ha sido uno de los temas más debatidos en el municipio en los últimos meses. La posible instalación de una planta de tratamiento de residuos para la generación de biometano ha provocado tanto movilizaciones vecinales como comunicados a favor por parte de determinados sectores que defienden los beneficios medioambientales y económicos de este tipo de infraestructuras.
Una decisión amparada por la Constitución
La autorización por parte del Ejecutivo central tiene su base jurídica en el artículo 149.1.32ª de la Constitución Española, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la “autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”. Este principio constitucional garantiza un control uniforme y riguroso sobre los procesos participativos que, como este, afectan a la convivencia local.
En el caso concreto de Carrión de Calatrava, el Gobierno considera que la solicitud reúne todos los requisitos de fondo exigidos por la legislación vigente, ya que se trata de un asunto de competencia municipal, que afecta de manera directa a los intereses locales y no está relacionado con la hacienda municipal, condición excluyente para este tipo de consultas.
Opinión pública dividida
La planta de biometano ha sido objeto de debate tanto en los medios locales como en el tejido social carrionero. Algunos vecinos y colectivos medioambientales han manifestado su preocupación por los posibles efectos contaminantes, olores y molestias derivadas del tratamiento de residuos, mientras que otros subrayan su importancia en la transición ecológica y como fuente de empleo e ingresos para el municipio.
La consulta, que se celebrará en una fecha que deberá ser anunciada oficialmente por el Ayuntamiento, permitirá a los vecinos expresar su voluntad sobre si desean que esta planta se construya o no en el municipio. Este paso supone un ejercicio de democracia participativa, poco habitual en el ámbito municipal, que podría sentar un precedente en Castilla-La Mancha para otras decisiones de fuerte carga social y medioambiental.
Próximos pasos y marco legal
Una vez autorizada por el Gobierno, el Ayuntamiento deberá fijar una fecha concreta para la celebración de la consulta, organizar el proceso electoral con todas las garantías legales y asegurar la neutralidad institucional para que la ciudadanía pueda votar libremente.
Asimismo, deberá establecer los canales de información pública objetiva y transparente para que los vecinos puedan formarse una opinión completa antes de emitir su voto. Se espera que en las próximas semanas se convoque un Pleno extraordinario o se publique un calendario oficial con los pasos a seguir para culminar el proceso participativo.
